5. EL GOBIERNO DEL PSOE (1982-1996)
Diez millones de votos
Tras el fracasado golpe de febrero, Calvo Sotelo fue elegido presidente,
completando así la primera legislatura constitucional, iniciada por Suárez en 1979. Después se convocaron nuevas elecciones generales para octubre de 1982, que dieron el
triunfo al PSOE, cuyos principales líderes eran Felipe González y Alfonso Guerra. El PSOE, que estaba a punto de cumplir cien años como partido político, hizo una campaña basada en la idea y la consigna de cambio. También se aprovechó de la crisis de UCD y la caída de Adolfo Suárez, así como del vacío de liderazgo en la derecha, ofreciendo la imagen de un Felipe González, con su historial antifranquista y el programa socialdemócrata, como la mejor alternativa. En la campaña socialista destacaban también dos promesas, que luego quedarían sin efecto: la salida de España de la OTAN y la creación de ochocientos mil puestos de trabajo. En un momento en que el paro se estaba
incrementando a un ritmo de mil personas diarias, esta última promesa desequilibró la balanza en favor de González.
El PSOE conseguía, gracias a sus ofertas, diez millones de votos y 202 escaños. Mientras UCD (esta vez sin Suárez) sólo alcanzaba 11 diputados. Por 107 de la derecha renacida de Alianza Popular. En
cambio el PC, de Carrillo, caía víctima de su propio posibilismo, de 22 hasta 4 escaños. El carrillismo se resentía así de su aproximación ideológica a la socialdemocracia, lo que le costó votos y militantes, que optaron por seguir la consigna del “voto útil”, apoyando al PSOE. El relevo electoral tenía una notable significación histórica. Un partido republicano ganaba las elecciones, apenas siete años después de muerto Franco. Es decir, la izquierda, volvía al poder después de 50 años. Si bien es cierto que no era una izquierda como la de los años treinta y que el PSOE de González no era el de Largo Caballero. El partido obrero y campesino de los años treinta, se había transformado, como la propia sociedad española, en un colectivo con mayoría de militantes urbanos, dirigentes universitarios y de clase media, aunque
recibía votos del campo y de las fábricas, eran muchos más los ciudadanos de clases medias de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o
Bilbao, quienes les votaban.
Después de 1982, los socialistas volverían a ganar en 1986, 1989 y 1993 permitiendo que Felipe González diera su nombre a una larga época de la historia reciente de España. Lo paradójico es que esta larga duración de éxitos electorales no se debía a la realización de las promesas de cambio radical, ofrecidas en la campaña de 1982. Sino precisamente a todo lo contrario: la rectificación sobre la marcha de algunos de los tics más izquierdistas del PSOE histórico, con lo que se ganó la confianza del centro y de las clases medias, pero la desconfianza de los
obreros e incluso de su propio sindicato histórico, la UGT. La característica más notable del felipismo fue un acusado sentido práctico de la política, una rápida asimilación del papel del Estado moderno, y la tendencia, no exclusiva en el PSOE, a crear
una maquinaria de funcionarios y políticos profesionales. Muchos de los cuales hicieron de la permanencia y del
aprovechamiento personal del poder, su objetivo fundamental.
Otra característica, que marcó sobre todo la primera legislatura de González, fue su determinación para acelerar las reformas económicas, abordando las reconversiones laborales, que sus antecesores no se habían atrevido a afrontar en profundidad, por miedo a la reacción sindical. Los equipos socialistas se encargaron de cortar por lo sano la
crisis industrial, cuya solución UCD había demorado, dando prioridad a las reformas políticas, con la autoridad que proporcionaba el voto obrero a su favor.
Los economistas neoliberales del gobierno (Boyer, Solchaga) se arrepintieron de
su promesa más espectacular: la creación de 800.000 puestos de trabajo, para proceder a un duro reajuste monetarista
con restricciones crediticias y devaluación de la peseta, acompañadas por la contención salarial, las rebajas de las pensiones y el subsidio de desempleo, una nueva
Ley de empleo juvenil, con más flexibilidad laboral en el despido y la reconversión industrial de las principales fábricas, con las que el franquismo había construido su sociedad de consumo y pleno empleo, marcaron la política laboral del PSOE.
Los históricos Ensidesa, AHV, Altos Hornos del Mediterráneo, Astilleros Astano, Astilleros Españoles (Euskalduna), Explosivos Rio Tinto y un largo, etc., fueron reduciendo sus
gigantescas plantillas, racionalizando sus modelos productivos, con cargo al
presupuesto, haciéndose rentables antes de abordar su privatización. Los ministros socialistas, en contra de su programa histórico, no estatalizaron ningún sector, sino que subvencionaron la reconversión privada de la industria y parte de la minería. Este proceso de reciclaje se consumó en medio de importantes protestas y conflictos laborales, que duraron una década, costando a los equipos de González no sólo dinero, sino también la enemistad de los sindicatos. Incluyendo la propia UGT.
De este modo, el neoliberalismo económico del nuevo PSOE se notaría en el comienzo de un largo proceso de venta de los recursos productivos en
manos del Estado. El punto de partida lo señaló el ministro Boyer. A comienzo de 1983, tras expropiar RUMASA un conocido
holding empresarial, dirigido por el banquero especulador Ruiz Mateos, procedería a la venta de sus activos a la competencia privada del mismo holding. En este
punto, la política económica seguida por los gobiernos de González, poco o nada tenía que ver con la doctrina y la tradición histórica del socialismo. Por el contrario apostaron por un rabioso neoliberalismo,
con desregulación de la economía y la liberalización financiera, siguiendo el modelo monetarista de moda. Impuesto por la llamada
Escuela de Chicago y las recomendaciones del FMI, el GATT o el Banco Mundial,
con los ojos puestos, en la reducción del déficit y en la integración europea.
En 1986, con la venta de la fábrica SEAT a la multinacional alemana Volkswagen, comenzaba también el desmantelamiento del histórico INI, el Instituto Nacional de Industria, que durante toda su existencia había sido una ruina, y que sufragaba, con cargo a los presupuestos, los precarios
resultados de sesenta empresas, con mas de 220.000 trabajadores y 700.000
millones de pts. de deuda. El INI desaparecía definitivamente en 1995, siendo sustituido por la Agencia Industrial del
Estado y la SEPI, cuyos objetivos eran terminar con las grandes empresas
estatales. También siguiendo las recomendaciones librecambistas del Mercado Común, empezaron a desaparecer los grandes monopolios del franquismo. Como CAMPSA,
Telefónica, Tabacalera, etc.
En 1983 se completó la reforma territorial del Estado, fijada en la Constitución. Con la concesión de Estatutos de Autonomía a Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León. De este modo los gobiernos socialistas mantuvieron el proyecto autonómico diseñado por el gobierno de Suárez, aunque con mucha más precaución centralista. Además, regateando las transferencias exigidas sobre todo por vascos y catalanes. Los
nacionalistas culparon de esta actitud a los efectos del 23-F, al miedo a la
ultra derecha, a la aplicación de la LOAPA, mientras estuvo en vigor.
La “mili” en la OTAN
Otro de los aspectos en que se dejó sentir también el sesgo pragmático del nuevo liberal-socialismo fue el internacional. La corrección más sonada fue el arrepentimiento sobre la entrada en la OTAN, que el PSOE había criticado desde la oposición y cuya salida había prometido en la campaña electoral. En lugar de ello, el referéndum convocado el 12 de marzo de 1986, consiguió la permanencia por un ligero porcentaje, el 52,49 % de los votos escrutados,
tras la rectificación del partido, con petición del voto para la integración total de España en la defensa occidental.
Relacionado con este asunto, se producirá otro traspiés de la política internacional del PSOE, inevitable tras la entrada en la OTAN. Fue el apoyo
ofrecido a los EEUU, en la llamada primera Guerra del Golfo, que no sólo fue diplomático o testimonial, sino mediante la utilización de las bases americanas para abastecimiento, de acuerdo con los Tratados de
1953, incluyendo el envío de una fragata de guerra, a la zona del conflicto. El sorprendente
neoatlantismo del PSOE y sus obligaciones militares empezaron a alarmar a la
opinión pública, especialmente a las nuevas generaciones, que eran las posibles afectadas
por las posibles movilizaciones de un gobierno proclive a la intervención militar. Hacer la mili, en la OTAN empezó a ser una opción temida, desde entonces, por los mas jóvenes.
Como una cierta compensación, se consideró un éxito la incorporación de España a Europa, con el Tratado de Adhesión de 12 de junio de 1985. Lo que representaba la culminación de un largo camino de negociación y espera, que se venía alargando desde los años sesenta, por culpa del déficit político y sindical, del régimen anterior. Por lo demás, los ministros de Exteriores socialistas mantuvieron las tradiciones de la
diplomacia española franquista, con relaciones amistosas con los países árabes, en especial con Marruecos o Argelia, este último debido al suministro de gas, así como la proyección latinoamericana y renovación de las alianzas y tratados con los EEUU.
En este campo diplomático, los gobiernos del PSOE también hicieron algo inesperado: el histórico reconocimiento del Estado de Israel, algo a lo que siempre se había negado el franquismo. Con todo esto, además de los ingresos en la OTAN o en el MEC, se pudo decir que España finalmente se había reconciliado con el entorno internacional, en el que ya era uno más entre los medianos, culminando así, la fase de normalización de su papel mundial. Es decir, el de una antigua potencia histórica, muy deteriorada por la pérdida de las colonias y el sesgo fascista del régimen anterior.
Un capítulo relevante protagonizado por los gobiernos felipistas en el plano militar,
aunque pasaría con mayor discreción, fue el de la reforma sustancial de las Fuerzas Armadas, su legislación, composición y caracterización. Tras haber experimentado directamente, con el 23-F, la posibilidad de un
golpe militar, los distintos ejecutivos socialistas se tomaron muy en serio la
reforma del Ejército, y aunque no se atrevieron con la supresión del servicio obligatorio, entre 1982 y 1991, y sobre todo con Narcís Serra como ministro, se procedía a reducir las plantillas de oficiales, a profesionalizar su función y a crear una dependencia mas directa de las Fuerzas Armadas respecto del
Ejecutivo. En esta línea, se consolida la presencia de civiles al mando de Defensa o de la Guardia
Civil, que ya había iniciado la UCD con Rodríguez Sahagún. También, mediante una serie de leyes, se preparaba el camino para la desaparición posterior de la obligatoriedad del servicio de armas, a cambio de contar, para
la entrada en la OTAN, con un Ejército profesional, más caro, igual de innecesario pero mucho más peligroso.
El dinero como medida del éxito
A partir de 1985, se anunciaba la superación de la crisis económica de los años setenta. Se abría una fase de nueva prosperidad, coincidiendo con la entrada de España en el MEC, que supuso, entre otras cosas, la recepción de importantes cantidades como ayuda para el desarrollo de regiones en crisis.
Los fondos de cohesión y otras aportaciones de la actual Unión Europea, han sumado un total de 100.000 millones de euros en veinte años (1985-2005), sobre todo, durante los gobiernos de González. Muchos economistas atribuyeron a esta masa de dinero, verdadero Plan
Marshall a la europea, el periodo de bonanza económica y la elevación de la renta en estos años. Aumentaron las exportaciones, gracias a los relativos bajos precios de las
mercancías españolas, tras la devaluación de la peseta. También crecieron de forma considerable las inversiones extranjeras, que solo entre
1986 y 1991, sumaban más de 60 billones de pesetas, muchas veces en sectores especulativos de la
construcción, las infraestructuras viarias o las empresas públicas privatizadas.
Una vez resuelta la reconversión industrial, el PIB crecía a un ritmo del 4,5% anual. En especial, gracias a la construcción de viviendas y a las inversiones en infraestructuras. La red de autovías alcanzó 5.000 km. en 1992. Cuando apenas contaba 1.970 km. en 1985. Aunque siempre
parecían insuficientes para dar servicio a un parque de automóviles, que crecía en los mismos años de 9,2 a casi 14 millones de vehículos. Con motivo de la Exposición de Sevilla de 1992, se apoyó el desarrollo regional andaluz, mediante la construcción de autovías y de un AVE, Madrid-Sevilla. El número de turistas que llegaron a ver las Olimpiadas de Barcelona, ese mismo año, o la misma Expo sevillana, hizo que se alcanzara la extraordinaria cifra de
52 millones de visitantes. Creció también la Universidad y el número de licenciados. En tanto que la mejora económica y la mayor recaudación fiscal, permitían sostener una población de parados de un millón y medio de personas en 1992, mientras los pensionistas llegaban a los siete
millones en 1995.
En este clima, donde la abundancia de dinero era la nota dominante y medida del éxito, el ministro de Economía Solchaga afirmó imprudentemente que España era el país donde “más y más rápido se podía ganar dinero”. Para darle la razón, todo el mundo, especialmente algunos de su propio partido, empezaron a
conseguir dinero de cualquier modo. De los fondos reservados, de la información privilegiada, de porcentajes por obras públicas, etc. La especulación, con rápido enriquecimiento, empezó a ser el objetivo de muchos. A esto se llamó la cultura del pelotazo, y fue el precedente, y caldo de cultivo, de una larga
fase de corrupción generalizada en la clase política. El enriquecimiento rápido de nuevos banqueros y otros empresarios, como los Conde, de la Rosa, los
Albertos, Botín, las Koplowitz, Amancio Ortega, etc., competía con el dinero fácil que llegaba a las arcas del partido gobernante, y de algunos de sus
dirigentes, de forma fraudulenta.
Algunos que empezaron a criticar esta actitud de enriquecimiento fueron los
sindicatos. Los grandes, UGT y CCOO, que hasta ese momento habían dado un plazo de confianza al socialismo en el poder, protagonizaron un
cierto distanciamiento del Gobierno. Entre 1983 y 1984, los dirigentes de estos
sindicatos, Redondo y Gutiérrez, habían comprometido su prestigio en el apoyo a una enésima moderación salarial, que sirviera para superar la crisis. Pero las leyes de Pensiones
(1985) y la del Empleo Juvenil (1988), que perjudicaban a los cotizantes y
creaban el llamado contrato basura, sirvieron para una ruptura formal. El 14 de
diciembre de 1988 se produjo un hecho histórico. El gobierno del PSOE tuvo que soportar una importante huelga general de
veinticuatro horas, convocada entre otros por su propio sindicato. La
convocatoria aludía a la política laboral y económica del gobierno, tan impopular y perjudicial, para los trabajadores, como
cualquiera de la derecha.
El año anterior, el Gobierno y en especial su ministro de Educación, J.M. Maravall, tuvieron también que afrontar una dura reacción estudiantil, contra los nuevos planes de estudios. Primero los institutos de
EEMM y luego las universidades, se manifestaron contra la masificación y degradación de la enseñanza. Las protestas, sobre todo las de Madrid, fueron de las más violentas de la historia estudiantil que se recuerdan, reflejando un grado de
frustración social, que iba más allá del mero rechazo a los planes educativos, y que no tenía precedente, entre los estudiantes, ni en los peores años franquistas.
“¡Váyase señor González!”
A pesar de los problemas laborales, juveniles o sindicales, el PSOE seguía ganando las elecciones, en una situación en que la derecha, agrupada ahora en torno al Partido Popular de Fraga
Iribarne, parecía incapaz de sobrepasar un determinado techo electoral. Mientras la izquierda,
representada por el PCE y luego por Izquierda Unida, seguía sumergida en su crisis de identidad e inoperancia, en que se había estancado desde la dimisión de Carrillo, en 1983. Pero serían sobre todo los problemas de corrupción o la utilización de la guerra sucia contra ETA, con la aparición del GAL un grupo armado apoyado por miembros del staff gubernamental, quienes terminaron por desprestigiar finalmente la gestión del socialismo en el Gobierno. El GAL, cuyos verdaderos responsables
permanecen todavía en el anonimato, terminó disparando contra Felipe González, provocando su muerte política. Entre 1983 y 1987, se atribuyeron a este grupo armado una treintena de
acciones, en las cuales, al menos, murieron quince miembros de ETA, además de otros refugiados vascos y varios ciudadanos franceses, lo que provocaría la intervención del gobierno galo.
En 1992 el PSOE de González, modernizado, europeizado y próspero, no se parecía mucho al primer partido obrero de Pablo Iglesias, su fundador en 1892. Los
cien años de honradez, lema de celebración de su aniversario, habían dejado paso a una carrera por la prosperidad, y a una burocratización en el poder. Desde la llegada de González a la Secretaría General, los reformistas transformaron las principales señas de identidad del partido. Además de aceptar la monarquía, como forma de Estado, el PSOE en su Congreso de 1979, había renunciado oficialmente al marxismo, base filosófico-política de su organización histórica. Felipe González y Alfonso Guerra se habían encontrado con alguna oposición, al respecto, pero finalmente consiguieron imponer su concepción de un “socialismo democrático”, con el que agradaban sobre todo a sus mentores y financieros del Partido
Socialista alemán, y desde luego, se acercaban más al electorado español de centro, que les daría la victoria en tres ocasiones. Gracias a estas renuncias, en aquellos momentos
del 92, el partido parecía no tener adversario político ni electoral. Sin embargo, en menos de tres años se produjo una crisis imparable, que le costó las elecciones de 1996.
Desde 1990 se supo que un hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno
y uno de los políticos más representativos e influyentes del nuevo socialismo, se estaba aprovechando de
este parentesco para su lucro personal, utilizando un despacho oficial en la
delegación del gobierno en Sevilla. Fue el punto de partida. El escándalo provocó la dimisión del propio vicepresidente. Casi al mismo tiempo, se destapaba el asunto
Filesa, en el que diversas sociedades cobraron centenares de millones de
pesetas a grandes empresas, a cambio de concesiones oficiales y contratos, que
terminaban en las arcas del PSOE. En 1992, se denunciaba al gobernador del
Banco de España por la llamada información privilegiada, que le había servido para beneficiarse en operaciones de bolsa, y en 1994, se denunció a Luis Roldán, director de la Guardia Civil, y otros altos cargos, que estaban cobrando
importantes partidas de sobresueldos, además de lucrarse con los llamados fondos reservados. La corrupción parecía no tener fin y alcanzaba también al presidente de Navarra, Urralburu, entre otros.
Ese mismo año, se sumaba a estos casos la acción del juez Garzón, anteriormente colaborador del PSOE, con el que llegó a presentarse a las elecciones, en las listas por Madrid (1989). Este juez,
desde la Audiencia Nacional, reabría algunos casos de atentados mortales contra ETA y ciudadanos franceses,
reivindicados por el autodenominado GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). A consecuencia de esta investigación terminaron en la cárcel y fueron condenados algunos altos cargos, encargados de la seguridad del
Estado. Entre ellos el ex-ministro de Interior, Barrionuevo, el director
general de Seguridad Rafael Vera, dos gobernadores civiles, y otros miembros de
la Guardia civil, con el general Galindo al frente. También fueron sentenciados varios funcionarios de los servicios de espionaje, el
CESID, algunos policías y miembros relevantes del partido en el País Vasco, como García Damborenea.
De este modo, los disparos del GAL terminaron finalmente alcanzando las
posiciones políticas de Felipe González, que incluso se identificaría con sus ex, Barrionuevo y Vera, acompañándolos a la entrada de la cárcel, junto a un numeroso grupo de militantes. Ambos ingresaron en prisión, acusados de delitos de terrorismo y condenados a diez años de prisión. Aunque posteriormente, fueron indultados por el Gobierno de Aznar. Pero los
atentados de este grupo parapolicial, durante el gobierno González, junto a la trama verde de Intxaurrondo, la corrupción en la Dirección de la Guardia Civil, el asunto Filesa y por último, la minicrisis económica de comienzo de los noventa, tumbaron las expectativas de un cuarto mandato
electoral del felipismo.
En este ambiente de tensión y enfrentamientos, con la oposición en plena ofensiva mediática, el aspirante Aznar pedía abiertamente la dimisión del presidente en el Congreso (1994), con una frase que se hizo justamente célebre: “¡Váyase señor González, váyase”. Al mismo tiempo, en pleno estallido del asunto Filesa, le hacía responsable de la crisis económica y del clima de corrupción e inestabilidad política del Estado. Con El Mundo, ABC, la COPE, etc., apoyando al candidato de la
oposición se fraguó el adelanto electoral, al faltarle al PSOE en las Cortes, los votos del grupo
catalán. Finalmente en las elecciones del 3 de marzo de 1996, el PP conseguía ser la lista más votada. Con un 38,9 % de los votos y 9,7 millones de papeletas, que le dieron
156 escaños. Seguida por el PSOE (37,3%, 9,4 millones, 141 escaños), que no fue tan castigado como se esperaba. Pero que no pudo reeditar un
gobierno de izquierdas, a pesar de que Izquierda Unida, transformación socialdemócrata del antiguo PC, por su parte, alcanzaba con Julio Anguita su mejor
resultado histórico con 21 escaños, lo que recordaba, de algún modo, el ilusorio comienzo del carrillismo parlamentario.
Con estas cifras terminaba la primera incursión del PSOE en el gobierno. Habían sido catorce años, en los que se consolidó el Estado constitucional de 1978, en los que se probó que, en España, podía gobernar un partido socialdemócrata, perteneciente a la izquierda republicana histórica, y ganar tres veces consecutivas las elecciones, sin provocar demasiado a
la derecha ni a los militares. Sin duda, el paso del tiempo y la historia se
notaba en los partidos, la sociedad y… los cuarteles.
Con la Transición o el felipismo, y mediante un duro relevo político que sólo en siete años (1975-1982) había contabilizado casi cuatrocientas víctimas, España parecía dejar atrás el golpismo militar, que había caracterizado su historia anterior. Como escribió, en 1979 con ironía, Telesforo Monzón el conocido político vasco: “La diversión favorita de los españoles durante los dos últimos siglos ha sido levantarse en armas contra su propia Constitución”. Con los primeros gobiernos del PSOE, en cambio, el Estado español alejaba el celtibérico ruido de sables, volviendo a recuperar el más pacífico turno de partidos, el conocido bipartidismo excluyente, otro de los vicios
políticos heredados del siglo XIX, que dura hasta nuestros días. De este modo, el primer tramo del constitucionalismo actual, terminaba con
el exordio de Aznar sobre González, dejando abierta la puerta de un reparto bipolar del poder, no menos
tradicional en la vida política española que el temido golpismo de cuartel.
