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SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA


REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN MÉXICO Y EL PERÚ

BRIAN R. HAMNETT

Revolución y contrarrevolución
en México y el Perú

LIBERALES, REALISTAS Y SEPARATISTAS
(1800-1824)

Fondo de Cultura Económica

Primera edición en inglés, 1976
Primera edición en español, 1978
Segunda edición en español, 2011
Primera edición electrónica, 2012

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

BRIAN R. HAMNETT (Inglaterra, 1942) ha colaborado en diversas revistas académicas de México, Europa, y los Estados Unidos. Es doctor por la Universidad de Cambridge, miembro de la Real Sociedad de la Historia en Londres y corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Ha sido editor del Bulletin of Latin American Studies. Actualmente es miembro del consejo externo de Historia Mexicana y Secuencia y del consejo editorial de Signos. Asimismo, es profesor en la Universidad de Essex. El FCE ha publicado también de su autoría Raíces de la insurgencia en México. Historia regional, 1750-1824 y La política española en una época revolucionaria, 1790-1820.

Es importante… reiterar la urgente necesidad de ver en la independencia, antes que un hecho militar y político, el profundo y agudo asunto personal; verla en la intimidad de los hombres y mujeres de fines del siglo XVIII y principios del XIX en la respetable lucha interna entre la secular fidelidad a la metrópoli y la adhesión a la patria que adviene como fruto de la historia común. El triunfo militar y la afirmación política suponen la anterior victoria en el fuero personal…

JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE CANDAMO
Notas sobre la Independencia del Perú,
Lima 1970, p. 114

SUMARIO

Agradecimientos

Introducción

Primera parte
POLÍTICA, ECONOMÍA Y REVOLUCIÓN

    I. El contexto de la contrarrevolución

  II. Revolución y contrarrevolución. El costo: la economía mexicana en guerra, 1813-1821

 III. La contrarrevolución y la economía peruana, 1813-1821

 IV. Tres ciudades en crisis: Querétaro, Oaxaca y El Cuzco, 1813-1815

Segunda parte
LAS BASES DE LA REACCIÓN REALISTA:
IGLESIA, EJÉRCITO Y PODER POLÍTICO

   V. La restauración del rey en el trono y los diputados criollos a las Cortes, 1814-1815

  VI. El restablecimiento de la Compañía de Jesús, 1814-1820

 VII. La Iglesia y el Estado en el México contrarrevolucionario, 1814-1820

VIII. El virrey Pezuela, los criollos y los militares en el Perú, 1815-1820

  IX. La revolución liberal de 1820 y la ruptura del frente realista

   X. Independencia, contrarrevolución y constitucionalismo americano

Conclusión

Apéndices

Fuentes y bibliografía

Índice

AGRADECIMIENTOS

Para la realización de la primera edición (Fondo de Cultura Económica, 1978), recibí el apoyo de los varios jefes de departamento de Historia de la Universidad de Strathclyde, donde trabajaba en esa época, y de la British Academy y el Social Science Research Council. En Londres, muchas conversaciones con el profesor John Lynch me ayudaron a aclarar y profundizar en los problemas que esos temas presentaron. En Inglaterra, Michael Costeloe, David Brading y John Fisher hicieron sus contribuciones particulares en términos de consejos, conversaciones, ejemplos e influencias, como también Kenneth Andrien en Sevilla, y Linda Arnold, Bernardo García Martínez, Christon Archer y Andrés Lira en México. Sin los recursos de la British Library, las Bibliotecas Nacionales de Madrid y México, la Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, y las bibliotecas universitarias de Cambridge, Londres, Liverpool, Glasgow y Strathclyde, no podía haber sido posible comenzar. Mi deuda con el Archivo de Indias de Sevilla y con el Archivo General de la Nación (México) sigue siendo profunda.

El apoyo de la doctora Josefina Vázquez hizo posible esta segunda edición. Conversaciones en el intermedio entre una y otra con Brian Connaughton, Carmen Castañeda (†), Luis Miguel Glave, Scarlett O’Phelan, Anthony Mac-Farlane, Rebecca Earle, Luis Jáuregui, Juan Ortiz, José Antonio Serrano, Eric Van Young y Paul Vanderwood mantuvieron vivo el proyecto de realizar una segunda edición. Muchos temas e ideas fueron sometidos a la prueba en clases y seminarios en las universidades de Stony Brook, Strathclyde y Essex, y en congresos o coloquios en Madrid, Salamanca, Vitoria, México, Guadalajara, Morelia, Caracas y Bogotá.

BRIAN HAMNETT,
Colchester, noviembre de 2008

INTRODUCCIÓN

La disolución de la monarquía hispana en las décadas de 1810 y 1820 —precondición del triunfo final del separatismo—no fue inevitable, a pesar de que había poderosas razones para explicar este resultado. Estamos hablando de un sistema imperial que duró casi tres siglos. Parece raro, pero se ha puesto mucha atención en los movimientos independentistas y la formación de nuevos Estados, y muy poca en la explicación de la larga sobrevivencia de esa monarquía de los tres continentes. El propósito de este libro es estudiar los esfuerzos de los gobiernos virreinales en Nueva España y el Perú, así como de los grupos alineados alrededor de ellos, para preservar la unidad de la monarquía, resistir su disolución e impedir la formación de una variedad de Estados separados. Como se supondría, esos esfuerzos no solamente plantearon nuevos problemas, sino que también demandaban respuestas a las políticas cambiantes de los distintos regímenes en la Península durante ese periodo. Mientras que, por un lado, los gobiernos absolutistas y constitucionales de la Península trataban de conservar, con métodos diferentes, la unidad de la monarquía, por el otro lado los gobiernos virreinales se vieron en la necesidad de responder a las presiones de las élites americanas que exigían una mayor participación en los procesos gubernamentales, así como a las pretensiones de los separatistas americanos de establecer gobiernos propios en nuevos Estados soberanos en los territorios del antiguo Imperio español. A veces, esos gobiernos actuaban con una virtual independencia de la metrópoli.

Si tomamos la década de 1490 como su comienzo, la monarquía hispana fue fundada en la época del Renacimiento, medio siglo antes del Consejo de Trento y la Contrarreforma. Efectivamente, esa monarquía sobrevivió al derrumbe del Imperio francés en el continente americano en 1759 y al colapso del Primer Imperio británico, con la secesión de las 13 colonias norteamericanas en 1776-1783. El ocaso de los imperios ibéricos en el continente americano, en las primeras décadas del siglo XIX, tuvo lugar un siglo antes del colapso de las viejas monarquías del Viejo Mundo —la austrohúngara, la rusa de los Romanov y la otomanoturca—después de la primera Guerra Mundial. Quizá alguna comparación entre esos fenómenos separados por un siglo iluminaría el problema del colapso del Imperio español en las Américas en la tercera década del siglo XIX. En su exposición acerca de la larga sobrevivencia de la monarquía de los Habsburgo en la Europa central y su disolución final, Oscar Jászi identifica las fuerzas centrípetas (la dinastía, el ejército, la aristocracia, la Iglesia católica, la burocracia, el capitalismo, la posición de los judíos, el socialismo y la cuestión del comercio libre), que explicaron lo primero, y las centrífugas (la estructura de la propiedad rural, el despertamiento nacional, la cuestión de la igualdad de las nacionalidades, la hostilidad entre las naciones, el problema de los idiomas), que anunciaron lo segundo. Jászi termina su estudio con el antagonismo entre el patriotismo dinástico y los nacionalismos particulares.1 Lo curioso es que en la historiografía de la monarquía hispana nadie, hasta la actualidad, ha tratado de identificar los elementos centrípetos que explican su larga duración. Esas fuerzas centrípetas luchaban, todavía con eficacia, durante las últimas décadas que estudiamos en este libro.

Podemos llamar Estados-sucesores a los nuevos Estados soberanos americanos creados entre 1816 y 1826, adoptando el término usado en el caso de los territorios separados, y constituidos después en Estados soberanos, que sucedieron a la disolución de la monarquía austrohúngara en 1918. En la América española continental, éstos no fueron necesariamente “naciones”, sino que representaron una variedad de entidades en las que muchas de las distinciones jurídicas, étnicas y sociales, heredadas de la época colonial, sobrevivieron. La España europea, como la pequeña Austria y la truncada Hungría de la posguerra, era uno de esos Estados-sucesores, porque, antes del derrumbe de la parte americana continental de la monarquía, no había tenido que pensar en sí misma como una nación-Estado, independiente de sus vastos territorios americanos. En este sentido, la separación de las Américas afectó profundamente a España durante todo el siglo XIX.2 Todas las partes de la vieja monarquía transcontinental lucharon en adelante con los problemas de crisis posimperiales, y respondieron de maneras diferentes, según sus propias herencias históricas. Al mismo tiempo, heredaron todos los problemas financieros y económicos que, en parte, habían explicado el derrumbe de la vieja monarquía.

La monarquía absoluta del siglo XVIII era sostenida por dos columnas gemelas, la jerarquía eclesiástica y el clero, por un lado, y la administración secular y judicial, por el otro. A la cabeza de esta última estaba el virrey y las audiencias. En una y otra se mezclaban elementos criollos y peninsulares, hasta que hacia 1770 el gobierno de la metrópoli emprendió una campaña para expulsar de ambas a los primeros. Estas dos columnas constituían las élites gobernantes de los virreinatos. La élite eclesiástica estaba formada por el episcopado (predominantemente de origen peninsular), los prelados de las órdenes religiosas, los miembros de los cabildos catedralicios, los párrocos y los miembros de las comunidades religiosas (predominantemente criollos). La Iglesia seguía siendo la institución con mayor número de integrantes, y en la Nueva España había más de 1 000 sacerdotes que ocupaban el cargo de párrocos.3 En el vértice de la burocracia secular se hallaban los oidores de las audiencias, llamados “togados”, que formaban un cuerpo de abogados y servidores del Estado. A pesar de que el personal de las audiencias y de la burocracia fiscal creció como resultado de las reformas borbónicas, la élite secular no logró superar en número al clero, ni tener un contacto tan íntimo con las masas populares como el que éste tenía. Los consulados de México y Lima representaban los intereses de las élites mercantiles de las dos capitales. Los peninsulares y los criollos establecían contactos personales entre sí mediante el matrimonio y los negocios efectuados en el plano de dichas actividades. Y a pesar de que la Corona gobernaba por medio de la Iglesia y de la burocracia, tanto los gobiernos virreinales como el de la metrópoli dependían fuertemente de los consulados para el crédito, que los comerciantes pudieron proporcionar y proporcionaron gracias a las actividades comerciales en gran escala y a su función auxiliar como “aviadores” de la minería, sobre todo en Nueva España.4

Aunque no existían Estados u órdenes del reino jurídicamente constituidos, ciertamente había muchas distintas corporaciones y fueros, entre ellos las repúblicas de indios. Estos privilegios, aunados a las diferencias regionales y a las malas comunicaciones en todas partes, propiciaron que la Nueva España y el Perú adoptaran, virtualmente, el aspecto de sociedades estamentales, en las que las distinciones étnicas y las lealtades provinciales o locales a menudo definían las identidades y explicaban la conducta política.

Las repúblicas de indios tenían sus propios gobernadores, alcaldes y tierras comunales, ya que dicha estructura representaba uno de los niveles más tradicionales de la sociedad americana. Su reconocimiento en las Leyes de Indias (desde 1680) les aseguró una parte formal en la estructura jurídica del antiguo régimen. Se estima que hacia 1803 había un total de 4 081 pueblos de indios en el territorio de las 12 intendencias del virreinato de la Nueva España. Los caciques, propietarios rurales, gobernadores y alcaldes indígenas formaban un grupo privilegiado dentro de la masa de la población y, como tal, formaban parte también de la élite colonial.5

Cuando el gobierno metropolitano intentó introducir una serie de reformas comerciales y administrativas en el territorio americano durante el siglo XVIII tropezó con los intereses particulares y los grupos de poder en las ciudades y localidades. Por consiguiente, los ministros en Madrid y sus dependientes en América dieron cuenta de que sólo se podían implementar cambios significativos mediante negocios y arreglos con ellos. De esta manera, la política gubernamental fue modificada, reorientada, subvertida o impedida, según la perspectiva de los intereses locales. Al faltar la representación política formal en las Indias españolas, el absolutismo se diluyó en la práctica por un amplio rango de poderes, desde el virrey y las audiencias hasta las comunidades indígenas.

LA ILUSTRACIÓN EN LA MONARQUÍA HISPANA

En la historia de México y el Perú el estudio del periodo colonial tardío plantea el problema del carácter de la Ilustración en esos virreinatos, y su suerte durante la crisis de Independencia a partir de 1810. Hasta ahora todavía no tenemos una visión clara de la Ilustración hispanoamericana. John Lynch comentó en 1994 que “la Ilustración permanece como uno de los temas menos estudiados en la historia latinoamericana”. En el tiempo que ha transcurrido desde entonces, la situación apenas se ha modificado. La influencia de la Ilustración en el proceso de Independencia, por ejemplo, continúa siendo un tema elusivo.6 Para estudiar la América española falta el tipo de análisis y comparación que ya tenemos para la historia europea en el estudio de John Robertson de Escocia y Nápoles. El estudio de Ruth Hill sobre los humanistas de España y la Nueva España en el periodo de transformación desde el Barroco a la Ilustración marca también una dirección a seguir.7

En el mundo hispánico, la Ilustración significaba un mayor papel para el Estado en la promoción de la educación secular y las ciencias prácticas, en la liberación de las energías individuales por medio de nuevas instituciones o agrupaciones, y en el estímulo del espíritu emprendedor por medio de una reorientación de la política económica. Al mismo tiempo, intentaba subordinar aún más las instituciones eclesiásticas a los intereses del Estado, disminuyendo la influencia de las órdenes religiosas y utilizando los ingresos eclesiásticos para las necesidades del Estado. Hay que destacar dos puntos clave de la perspectiva del gobierno metropolitano: primero, esa política no significaba ningún cambio en la posición de la Iglesia católica en tanto poseedora exclusiva de la fe religiosa de la monarquía hispana, ni tampoco implicaba la extinción del Santo Oficio. Segundo, la política oficial intentaba fortalecer al Estado por medio de la doctrina del absolutismo, y por esta razón estaba resuelta a oponerse a cualquier forma de constitucionalismo, fuera aristocrático, oligárquico, corporativo o regional.8

En la historiografía de España, la tradicional identificación de la Ilustración con la Corte de Madrid y la política carolina dio origen al concepto de absolutismo ilustrado o despotismo ilustrado.9 Los nombres de Aranda, Campomanes, Moñino (Floridablanca), Roda y Jovellanos son bien conocidos como ministros o escritores influyentes de esa época. Sin embargo, los círculos de la Corte no representaban el todo de la Ilustración española, pues había grupos autónomos en las ciudades de provincia con varios grados de contacto con la capital. El grupo constituido alrededor de Gregorio Mayans y Síscar en Valencia era uno de ellos. También había individuos con ideas más radicales que los ministros de la Corte de Madrid. Hasta cierto punto se puede argumentar que el gobierno metropolitano se apropiaba de las ideas procedentes de la Ilustración europea que le convenía. En este sentido, se podía distinguir un cuerpo de ideas del absolutismo ilustrado aplicado por los ministros borbónicos. El historiador español Francisco Sánchez-Blanco ha cuestionado la amplitud y profundidad de la política reformista borbónica, criticando así la caracterización de Carlos III (1759-1788) como un monarca ilustrado. El autor argumenta que la Ilustración en la Península careció de una base social y, por consiguiente, no representaba más que los puntos de vista de varios individuos procedentes de los diversos sectores del antiguo régimen, lo que explicaría su vulnerabilidad esencial.10

En varias instancias, los intereses del Estado y las ideas reformistas se juntaron. Una serie de Sociedades Económicas de Amigos del País fueron establecidas en provincia, primero en Vascongadas en 1765, y luego en Madrid en 1775, y en algunas partes de la América española, como Lima en 1787, Quito en 1791, y Guatemala en 1795. Aunque espontáneas en su inicio, su propagación llegó a constituir un activo político esencial de ese absolutismo renovado.11 Los dos nuevos consulados de Veracruz y Guadalajara, incorporados en 1795 para disminuir la influencia del de México, representaron las nuevas corrientes de reforma y los nuevos intereses comerciales. Vicente Basadre, que actuaba como secretario del Consulado de Veracruz, fue uno de los más distinguidos partidarios de las reformas, como se comprueba en sus informes de 1796 a 1802, así como en los de José María Quiroz, secretario entre 1806 y 1822.12

La visión de las reformas borbónicas que resulta de la historiografía de las últimas décadas es muy variada. Las reformas, como se sabe por la historiografía desde 1960, tropezaron con los grupos de poder y los intereses arraigados en los territorios americanos, incluidos los atrincherados en las administraciones virreinales y provincianas o alrededor de ellas. Las realidades americanas diluyeron el efecto de esas medidas y contribuyeron a la sobrevivencia de los dos antiguos consulados, el de México y el de Lima, así como la influencia predominante en la política económica durante las dos últimas décadas del Imperio americano. Además, la influencia del Consulado de Cádiz, centro de oposición a las reformas comerciales desde 1778, creció de nuevo durante el periodo de 1810 a 1814, cuando las Cortes, el Consejo de Regencia y el gobierno constitucional estaban situados en el lugar del viejo monopolio del comercio trasatlántico. Al mismo tiempo, los ministros metropolitanos intentaban responder a las aspiraciones de nuevos grupos en ascenso.13

Desde la perspectiva del gobierno metropolitano, la motivación principal de las reformas fue la de rescatar la posición de España como potencia europea, con intereses materiales entre continentes. España se involucró en casi todas las luchas europeas y atlánticas del siglo XVIII y principios del XIX. A juicio de Sergio Serulnikov, los ministros borbones iniciaron

un programa ambicioso de reformas imperiales para poner al revés los desarrollos históricos ocurridos en la época de los Habsburgos. El absolutismo ilustrado borbónico intentaba reafirmar el control central del imperio colonial, subvirtiendo a los grupos de poder locales, disciplinando las prácticas sociales, e imponiendo una eficiencia económica y concepciones normativas de la ley…

Por consiguiente, este autor examina en su estudio cómo este racionalismo afectaba las relaciones de poder entre la administración imperial, los gobernantes locales y la sociedad indígena-campesina. A juicio suyo, este nuevo proyecto hegemónico representaba una reformulación profunda del “pacto colonial”.14

Gabriel Paquette, viendo la monarquía en su contexto internacional, apunta que

los reformadores borbónicos intentaron renovar un aparato estatal difícil de manejar y difuso, reforzándolo con una burocracia centralizada desde Madrid y dotada de los mecanismos esenciales para generar los ingresos necesarios para restaurar el prestigio e influencia de la monarquía. Repudiando la noción de una España eclipsada y de segundo rango, por medio de acciones audaces en Europa, Madrid se esforzaba por hacer efectiva la soberanía rejuvenecida en todo su lejano imperio contra las usurpaciones de contrabandistas extranjeros y los Estados imperiales competidores.15

Muchos historiadores han observado una falta de sistema y una confusión de objetivos y métodos en la conceptualización y aplicación de las medidas gubernamentales. Charles Walker, por ejemplo, refiriéndose al dilema imperial de España y Portugal en el curso del siglo XVIII, comenta:

Las reformas, en sí mismas, no constituían una serie de principios cohesivos o unificados. En realidad representaron una reacción tardía al declive de las potencias ibéricas en Europa, durante la cual los ingresos necesarios para la modernización administrativa fueron usados sobre todo para cubrir los gastos inmediatos de guerra. Había, además, una gran diferencia entre el contenido y la aplicación de las reformas.16

Esta visión de las reformas, particularmente de las borbónicas, es convincente, y ha sido expuesta ya en varios trabajos míos y de otros historiadores. Por esta razón, parece sorprendente a primera vista la interpretación de Patricia Marks cuando argumenta:

Es claro que los reformadores borbónicos intentaban disminuir la riqueza y el poder de la élite comercial limeña—redes estrechas de familias formadas en la primera mitad del siglo—que se habían interpuesto entre la Corona y sus otras dependencias sudamericanas. Pero la estructura de las reformas que se emprendieron para alcanzar ese objetivo no es fácil de discernir… Separadamente, [las reformas] pueden ser vistas como respuestas ad hoc a varios aspectos de los informes enviados a la Corona por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, vueltos a España en 1746 después de haber permanecido 11 años en el Perú, y por el virrey Manuel de Amat (1761-1776). Pero vistas en su conjunto, las medidas de los reformadores para fortalecer el control real sobre la economía submetropolitana, casi autónoma, fueron extraordinariamente coherentes, lo que sugirió la existencia de una política estratégicamente bien formulada para su implementación.17

A primera vista, estos dos comentarios parecen contradictorios, pero hay que tener en cuenta que los de Marks se refieren precisamente a la posición de los dos antiguos consulados; se podría argumentar que, en este sentido la política ministerial para disminuir su influencia política y económica fue consistente. Fue evidente que los ministros borbónicos vieron a los consulados de México y Lima, resueltos a defender sus privilegios e intereses, como los obstáculos más importantes para la implementación de las reformas. Ellos, sin embargo, permanecieron como los defensores más fuertes de la posición metropolitana en las Indias, y como la fuente principal de créditos y préstamos para el gobierno metropolitano, sobre todo en tiempos de guerra. Al mismo tiempo, estos dos bastiones del Imperio español en el continente americano se encontraron durante las últimas décadas de los Borbones en la posición poco envidiable de opositores a la política económica del gobierno metropolitano.18

Inicialmente la Ilustración llegó a la América española desde España en el curso del siglo XVIII, y algunos de sus representantes más distinguidos fueron peninsulares y miembros del círculo gobernante. Ellos fueron representantes y partidarios de la política reformista borbónica, como, por ejemplo, el virrey de Nueva España, el conde de Revillagigedo (1789-1794), hijo de un virrey y nacido en América, y los intendentes Manuel de Flon, de Puebla, y Antonio Mora y Peysal, de Oaxaca. Criollos, como Francisco Javier Gamboa y el jesuita Francisco Javier Clavigero, en Nueva España, e Hipólito Unanue (n. 1755), presidente del Colegio de Medicina, Vicente Morales Duárez (n. 1755), y Toribio Rodríguez de Mendoza (n. 1756), en Perú, jugaron un papel destacado en sus respectivos territorios. El Mercurio Peruano, fundado por Gabriel Moreno y Unanue, pasó por 13 volúmenes desde enero de 1791 hasta agosto de 1794, y divulgó información científica sobre el país. En el Perú, dos virreyes, Manuel de Amat (1761-1776) y Francisco Gil de Taboada (1790-1796), apoyaron al círculo ilustrado limeño. En esta ciudad se podía decir que la Ilustración estaba concentrada en tres instituciones académicas: la Universidad de San Marcos, el Seminario de Santo Toribio y el Real Convictorio de San Carlos, este último formado por Amat en 1771 con el concurso de antiguos colegios jesuitas. Bajo la influencia de su rector, Rodríguez de Mendoza, desde 1795 fue introducido un nuevo plan de estudios diferente del que proponía el escolasticismo tradicional. En San Marcos, el director de estudios era José Baquíjano y Carrillo (n. 1757), quien llegó a ser uno de los pocos oidores americanos de la Audiencia de Lima en la década de 1800. Estas figuras representaron la vieja y venerada generación de la Ilustración peruana, generalmente partidarios de una mayor participación americana en el gobierno del virreinato.19

Hubo casos, como en los casos de Ignacio Flores, presidente interino e intendente en Chuquisaca de 1781 a 1785, y de Victorián de Villava, fiscal protector de indios desde 1789, en el territorio de la Audiencia de Charcas, en que los conflictos personales e institucionales debilitaron y dividieron al grupo gobernante durante las décadas cruciales de 1780 y 1790. Flores, por su parte, atacó las conexiones entre los magistrados de la Audiencia y los intereses comerciales locales; pidió que aquéllos se enteraran mejor de la situación en las comunidades indígenas del altiplano, y criticó, como otros intendentes, la falta de pago suficiente a los subdelegados, lo que juzgaba como una invitación a graves abusos. Nacido en Quito, el coronel Flores, antiguo gobernador de Mojos, favorecía la inclusión de criollos en puestos administrativos, y nombró a varios de ellos como subdelegados en su intendencia. Sus ideas le atrajeron la hostilidad inveterada de la Audiencia, que intentaba derrocarlo, y la del virrey de Buenos Aires, el marqués de Loreto, y la desconfianza del ministro de Indias, José de Gálvez (1776-1787). Villava, antiguo profesor de leyes en la Universidad de Huesca (Aragón), denunció la mita en un discurso de marzo de 1793 como uno de los abusos más serios del colonialismo español. El resultado fue un contraataque del intendente de Potosí que la defendió argumentando que era la base del sistema económico del Alto Perú. Villava, sin embargo, extendió su crítica, en 1797, al sistema de gobierno al argumentar a favor de la extinción de los virreinatos, la conversión de las audiencias en consejos supremos elegidos, y la inclusión de los criollos en los procesos políticos. Una proposición de tal naturaleza lo puso en conflicto directo no solamente con la cúpula de las audiencias tradicionales en el gobierno de las Américas, sino también con la jerarquía política metropolitana desde el comienzo del reinado de Carlos III, y, por eso, fue pasado por alto.20

La indiferencia del gobierno metropolitano revela su oposición a cualquier propuesta de reforma constitucional, aun la más mínima. El cabildo de México, compuesto de peninsulares y criollos, pidió en tres ocasiones (1771, 1792 y 1801) una modificación del sistema absolutista con la mayor participación de los americanos en los órganos administrativos. No hubo ninguna respuesta del gobierno metropolitano. El cabildo de Lima, en enero de 1793, comisionó a Baquíjano para exponer sus demandas ante la Corona. El cabildo, de ninguna manera un cuerpo revolucionario, pedía por ejemplo que la tercera parte de los oidores en las dos audiencias del Perú fueran peruanos y que hubiera una mayor representación de criollos en el consulado. Sólo consiguieron, en 1802, la restauración del control de varios ingresos y la igualdad de estatus con el de México.21

Aunque se puede argumentar que, en términos generales, la influencia de la Ilustración mostraba los elementos esenciales de la unidad cultural de la monarquía, ni los peninsulares ilustrados ni sus contrapartes entre las élites americanas formaban un grupo coherente con ideas uniformes. Todo lo contrario: muchos aspectos y perspectivas de la Ilustración diferían entre una y otra región. Además, la implementación de la nueva política metropolitana intentaba redefinir las bases del gobierno en toda la monarquía, lo que dio como resultado divisiones profundas en todos los grupos componentes de la monarquía.

El arzobispo Francisco Antonio Lorenzana en México (1766-1772) y el obispo Francisco Fabián y Fuero (1764-1773) en Puebla, implantaron el regalismo, desarrollado con mayor vigor en el reinado de Carlos III. Lorenzana apoyó la política real para la expulsión de los jesuitas de todos los dominios hispánicos en 1767. La política de estrecha unión entre la Iglesia y el Estado no era nueva, se remontaba a la época de Felipe II y aun antes. La versión carolina, sin embargo, no solamente representaba la virtual subordinación de la Iglesia en España e Indias a la Corona, con el objetivo de excluir a la Curia Romana de cualquier influencia en estos dominios, sino que se acompañaba de una serie de medidas asociadas a las ideas ilustradas y dirigidas contra las órdenes religiosas, sobre todo contra la Compañía de Jesús, y contra las manifestaciones populares y tradicionales de la religión. Varios historiadores ven en esas medidas el origen de la discrepancia entre los sectores populares de la Iglesia americana y el gobierno metropolitano. Serge Gruzinski, por ejemplo, ha argumentado que “la Iglesia barroca” fue reemplazada por “una Iglesia ilustrada” resuelta a racionalizar las prácticas populares, y que tenía pocas raíces en el pueblo.22

Como han mostrado David Brading y William Taylor, el efecto de la Ilustración en la política eclesiástica del gobierno metropolitano influyó grandemente en la relación triangular entre el clero parroquial, los administradores coloniales y la gente del pueblo. Esta relación cambiante representa el tema central del libro de Taylor, que llama la atención acerca de las medidas tomadas por Lorenzana. El gobierno metropolitano intentaba acentuar su control sobre el clero, la observación religiosa y la vida de los pueblos, insistiendo en el uso del castellano como el idioma de instrucción en las escuelas. El arzobispo actuaba contra los cultos populares, a pesar de que los indios insistían en defender su propia identidad religiosa, puesto que cada parroquia tenía su propio culto de santos. En su estudio de la diócesis de Michoacán, Bra-ding argumenta que la política borbónica preparó el terreno para la destrucción de la “monarquía católica”. Apunta que varios sacerdotes de la diócesis dirigieron la insurrección de 1810-1815 en la zona del centro-norte de Nueva España. Taylor también se refiere al deterioro de dicha relación triangular observadadurante el siglo XVIII y que se manifestó incluso en la etapa de la insurgencia de 1810. Sin embargo, sólo una duodécima parte de los sacerdotes participó en ese movimiento durante esa década, y las dos terceras partes de ellos no estaban encargados de parroquias. Taylor sugiere que posiblemente 145 sacerdotes de parroquia apoyaron la insurrección en esos años, sobre todo en las tres zonas del Bajío, en las sierras de Michoacán y del actual Jalisco, en tierra caliente de Michoacán, Guerrero y Puebla, y en las sierras del actual Estado de México. La mayor parte del clero permanecía aislado del conflicto, y es posible que predominaran los sacerdotes realistas. Eric Van Young sostiene que el papel del clero en la insurgencia ha sido exagerado en la historiografía. A su juicio, tal vez 80% del clero novohispano era por lo menos pasivamente leal. En cuanto a los motivos para la acción de la minoría, Van Young rechaza la idea de que la política eclesiástica de los ministros ilustrados y regalistas fuera la explicación.23

Si tiene razón en esto, nos deja con varios problemas para resolver: ¿cuál fue el verdadero motivo de la participación clerical en el liderazgo de la insurrección?—¿fue simplemente el caso de algunos individuos como Hidalgo, influenciados por las ideas de la Ilustración?—, ¿qué efecto tuvo la política metropolitana contraria a los idiomas indígenas y los cultos populares?—¿acaso los insurrectos no necesitaron de la intervención de miembros del clero para la movilización?—.

Con respecto al virreinato del Perú, David Cahill hace hincapié en los cambios en la posición del clero, en las décadas posteriores a la gran rebelión de Tupac Amaru (1780-1781), en la zona sur-andina. Por primera vez el clero veía disminuir su autoridad tradicional a raíz de las reformas borbónicas. En Cuzco, por ejemplo, Cahill argumenta que entre 1780 y 1820 la posición del clero quedó seriamente debilitada. Las autoridades reales, influidas por el informe del intendente Benito de Mata Linares, dudaban de la lealtad del clero debido a la conducta equívoca de varios clérigos en la etapa inicial de la rebelión y concluyeron que ya no podían depender de este sector para garantizar el orden social. El clero peruano, al igual que su contraparte en Nueva España, resintió en esas décadas la presión del Estado metropolitano sobre sus inmunidades e ingresos, como, por ejemplo, el subsidio de 1801 y la Consolidación de Vales Reales a partir de 1804. Esta última medida rindió 1.2 millones de pesos en el Perú, suma significativa pero mucho menor a los 10.5 millones que se generaron en Nueva España.24

DOS VIRREINATOS DISTINTOS

El objetivo de la primera oleada de reformas, en el siglo XVIII, fue diferente en muchos sentidos en los dos antiguos virreinatos. Si bien es cierto que el gobierno metropolitano intentaba aprovecharse de la expansión del comercio atlántico para facilitar la reconstrucción del poder y el prestigio internacional de España, el contexto general y las condiciones políticas fueron diferentes tanto en Nueva España, su territorio americano más importante en esa época, como en el Perú. En el caso de este último, una serie de reformas comerciales y administrativas provocaron su reducción dramática, así como una disminución de la influencia del Consulado de Lima entre 1739 y 1787, es decir, entre la creación del nuevo virreinato de Nueva Granada en 1739, con su capital en Santa Fe de Bogotá, la separación de la Audiencia de Quito en 1740, hasta la separación de la Audiencia de Charcas (Alto Perú) y la formación del virreinato del Río de la Plata en 1776, con su capital en Buenos Aires, y, finalmente, el establecimiento de la Audiencia de Cuzco en 1787.25

Antiguos virreinatos o no, la historia social y cultural de Nueva España y el Perú también era diferente. En primer lugar, la capital del primero fue la misma Tenochtitlán, la capital del caído Imperio azteca, reconstruida como una ciudad castellana pero localizada en territorio de una alta concentración de población indígena. Aun las villas españolas, como Puebla, Querétaro, Valladolid de Michoacán y Guadalajara, se encontraban rodeadas de pueblos indígenas de diferentes etnias. La capital del Perú, por contraste, no fue Cuzco, capital sureña de Imperio inca, sino Lima, una nueva fundación española ubicada cerca de la costa, con su puerto del Pacífico, El Callao. Esta localización cambió la situación política y económica del antiguo Imperio inca, llevándola de la sierra a la costa. Como resultado de ello surgieron tensiones y falta de entendimiento entre la capital, centro del poder español, y la sierra andina durante la época colonial peruana. La supervivencia de una nobleza indígena en el sur andino, aunque dividida entre sí, exacerbó esas tensiones, especialmente en el curso del siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX.26

El desarrollo de una ideología neoincaica en la zona andina, fenómeno sin paralelo en Nueva España, condujo a la formación de una visión alternativa en torno a la naturaleza y el destino del Perú, que ha estimulado muchos comentarios en la historiografía. Efectivamente, la primera manifestación seria de esta perspectiva diferente a la de las élites limeñas no se manifestó precisamente en la sierra, sino en la montaña, la zona entre la sierra y la selva como una larga rebelión encabezada por Juan Santos Atahualpa, más o menos entre 1742 y 1751. Los rebeldes, actuando como guerrillas, penetraban en la selva y hacían correrías por la sierra de la provincia de Tarma, en los Andes centrales. Las autoridades no podían detener esa rebelión, y una serie de expediciones militares, en 1742, 1743, 1746 y 1750, fracasaron al intentarlo. Como último recurso, el gobierno de Lima mantuvo una línea defensiva en Tarma y Jauja para aislar los centros de población en la sierra central de la influencia rebelde. Sin embargo, lograba impedir la fuga de disidentes desde la sierra hasta las bases insurgentes en la montaña y campa. El gobierno virreinal perdió, pues, el control de un vasto territorio lejano. Debido a las constantes conspiraciones y rebeliones a lo largo de toda la sierra, desde Cajamarca, en el norte, hasta el Alto Perú, entre las décadas de 1720 y 1780, el gobierno se sentía amenazado desde dentro, al mismo tiempo que las reformas borbónicas amenazaban su influencia hasta entonces predominante en la América del Sur española.27

Se sabe poco de los orígenes y formación de Juan Santos Atahualpa. Parece verosímil la versión de que era mestizo, si bien reclamó descendencia del Inca Atahualpa, asesinado por los conquistadores. Posiblemente nacido en Cajamarca, fue educado por los jesuitas en Cuzco y en la escuela para hijos de curacas y nobles. Se dice que estuvo encarcelado entre 1724 y 1731 por ser disidente y que fomentó la idea de un clero indígena, rechazada por los sacerdotes hispanos. Pudo haber sido él quien proclamaba por la sierra el fin de los abusos coloniales, poniendo al dios cristiano a la cabeza de un movimiento vindicativo de todos los oprimidos del Perú. Sea lo que sea, parece evidente que Juan Santos negaba la legitimidad de la Conquista, erigiéndose él mismo en la autoridad legítima de todo el territorio del Tahuantinsuyo precolombino. La presencia de otros mestizos como dirigentes de movimientos de mayoría indígena sugiere que entonces llegó a establecerse un mayor contacto entre blancos, castas de una categoría u otra, e indios. En el Alto Perú, otro joven mestizo dirigió en 1730 una rebelión en Cochabamba que resultó en la ejecución de 42 incriminados. Uno más, que reclamó la descendencia del inca Huáscar, se puso a la cabeza de una conspiración en Oruro en 1739 y logró ganar el apoyo de 15 caciques antes de ser traicionado. El mestizo de mayor alcance, empero, fue Tupac Amaru II, dirigente de la rebelión de 1780-1781.28

La mayor concentración de población indígena, de 75 a 80% del total, se distribuía desde el centro andino hasta el altiplano de la actual Bolivia. Ahí las prácticas predominantes eran el tributo, la mita y los repartimientos: las tres caracterizaban el sistema colonial en la zona andina, experimentado diariamente por la población local. Según los arreglos establecidos por el virrey Francisco de Toledo (1569-1581), un total de 16 provincias, situadas entre Cuzco y Tarija, enviaban mano de obra a las minas de Potosí y a los obrajes de producción textil. Atraídos por el auge de la gran mina, alrededor de 12 600 mitayos migraban anualmente de sus comunidades a esos destinos, llevando con ellos a sus mujeres y niños, animales y utensilios. Durante el siglo XVII, el total bajó de 10 000 a 4 000 mitayos, pero la cifra aumentó de nuevo, debido a la recuperación de la industria, en las décadas de 1720 y 1730. Al final del siglo XVIII, había 5 000 trabajadores en la mina, de los cuales 2 376 eran mitayos. De esta manera, el régimen colonial incorporaba a los campesinos andinos en el sector minero como una mano de obra barata y garantizada, respondiendo a la gran demanda internacional de la plata. En Nueva España, la mano de obra de ese mismo sector minero era predominantemente libre y relativamente bien pagada, sobre todo porque gozaba del privilegio del partido, es decir, de tomar una parte del mineral como recompensa.29

Aunque en 1720 el gobierno metropolitano había abolido la mita en obrajes y pequeñas propiedades (chacras), continuó la práctica de los caciques de entregar grandes cantidades indígenas para el trabajo en las minas. El cacique y el corregidor eran elementos clave de este proceso, es decir, dos elementos fundamentales del sistema colonial español en la zona andina. Las minas de Potosí, por ejemplo, fueron suplidas por mano de obra traída de las 16 provincias circundantes, todas administradas por corregidores; este sistema aún subsistía en 1780, después de la separación de Charcas del Perú. Aunque, en 1693, la Corona permitió el pago del tributo en moneda, además de aceptarlo también en especie, muchas comunidades andinas continuaban pagando en la forma de mitayos. El pago del tributo estaba integrado en el sistema de la mita. Uno y otro fueron establecidos en la segunda mitad del siglo XVI. Los corregidores, para complementar sus exiguos salarios, habían repartido materiales, implementos o animales a los indígenas también desde ese periodo, pero esta práctica era controvertida y no fue legalizada sino hasta 1756, cuando la Corona intentaba regularizarla. Efectivamente, esta medida aumentó el control del corregidor sobre las comunidades indígenas, que estaban obligadas a cubrir sus deudas a veces por medio de la mita. Muchos administradores locales eran también dueños de haciendas, y en su condición de terratenientes recibían mitayos para que trabajaran en sus propiedades. Por consiguiente, cualquier intento por suprimir la mita o el tributo les perjudicaría considerablemente. El tema de la abolición de ambos fue recurrente en todas las rebeliones o conspiraciones que originaron esos pagos en la zona andina durante el siglo XVIII.30

La situación empeoró cuando Areche, nombrado visitador del Perú en marzo de 1776, llegó a Lima en junio de 1777. No solamente comenzó la visita marginando a los americanos cuando alteró el equilibrio en la Audiencia de Lima en menoscabo de ellos, sino que aumentó la alcabala de 4 a 6%, acción que inconformó a la gente que pagaba ese impuesto. Sin duda con las mejores intenciones, el visitador denunció a los corregidores por especular con el tributo de los indígenas y por abusar de ellos, recomendó que fuera abolido el repartimiento. De esta manera amenazó una larga cadena de intereses comerciales. Su política produjo descontento en Arequipa y en Cuzco a principios de 1780. En Nueva España, la resistencia a los nuevos impuestos e incrementos introducidos durante la visita de José de Gálvez (1765-1771), se manifestó en ocasiones de manera violenta, particularmente en el periodo 1767-1768. Tupac Amaru esperaba obtener apoyo del sector inconforme en un movimiento general de protesta. No obstante, las quejas de los habitantes urbanos de Arequipa y Cuzco eran distintas de las de la gente del campo, pues entre quienes se oponían a Areche en las ciudades estaban precisamente los repartidores, que anteriormente explotaron a la población indígena.31

Mientras que un simbolismo neoincaico desarrollaba entre los curacas un sentimiento político que prometía adelantar su posición en la estructura colonial, la gente trabajadora esperaba su liberación por medio de un inca mítico renacido. La eventual unión de esas dos tendencias significaba una enorme amenaza al sistema colonial por parte de un mesianismo o milenarismo. Se trataba de una mezcla inflamatoria que no provenía de influencias ideológicas extranjeras, sino que se perfilaba como autóctona, surgida de las condiciones y percepciones andinas. La Gran Rebelión de 1780-1781 estalló precisamente como resultado de esta combinación. Por contraste, en Nueva España, donde la nobleza indígena no tenía una influencia comparable a la del sur peruano, y donde no había mita, un acercamiento de este tipo, que pudiera transformar protestas aisladas en un movimiento generalizado, no era posible en ese tiempo.

La rebelión tupacamarista se desarrolló entre el 4 de noviembre de 1780 y el 5 de abril de 1781 en la zona de Cuzco, situada entre la ciudad y el lago de Titicaca. Los levantamientos continuaron aun después de la brutal ejecución de Tupac Amaru el 18 de mayo. En la región de Puno, al oeste y al sur del lago, los caciques locales se alzaron y ese mismo mes pusieron sitio a la ciudad. La fuerza del movimiento tupacamarista se basó en la red de familias y simpatizantes en los distritos de Quispicanchis y Canas y Canchis ligados al cacique José Gabriel Condorcanqui, que adoptó ese título de derivación incaica. La autoridad de este líder provino de raíces tradicionales y personales. La mayoría de los caciques-nobles del sur andino se opuso al movimiento sobre todos los rivales del clan Condorcanqui. En el Alto Perú hubo varias zonas de actividad bien diferenciadas, las del norte de Potosí, Oruro y La Paz. En la primera en Chayanta, había ocurrido una rebelión durante julio y agosto de 1780, que fue un anuncio de lo que sucedería en la región de Cuzco. El asesinato del jefe rebelde de Chayanta, Tomás Katari, tuvo por resultado el sitio de Chuquisaca en febrero de 1781. En Oruro, una conspiración de criollos dirigida por el rico dueño de una mina de plata se apoderó del control de la ciudad después de enero de 1781, y el movimiento dirigido por Tupac Katari en la zona del Titicaca tenía alrededor de 40 000 seguidores. Otras rebeliones se desataron en las regiones de Larecaja y Cochabamba, y el Alto Perú no fue enteramente “pacificado” (en el vocabulario oficial) por las tropas virreinales sino hasta junio de 1782.32

Ante la rebelión de Tupac Amaru, el virrey Jáuregui ordenó la supresión de los repartimientos el 18 de diciembre de 1780, pero el tributo y la mita continuaron. Scarlett O’Phelan Godoy considera que el hecho de que Tupac Amaru no estaba dispuesto a abolir ni la mita ni el tributo como tal significa que su posición no era revolucionaria. Efectivamente, se oponía sobre todo a los repartimientos y los corregidores que los practicaban. Tupac Katari, el dirigente aymara de la rebelión paralela en la zona de La Paz, fue más radical. Julián Apasa, que adoptó ese título, era un indio tributario de Sicasica, región ubicada entre la Paz y Oruro, y su movimiento atacó no solamente a los corregido res sino también a los criollos propietarios en tanto que formaban parte de la estructura de explotación. Apasa, viejo traficante de coca y textiles y posiblemente mitayo en la mina de Oruro, era analfabeto y apenas tenía conocimiento de la cultura hispánica, razón por la cual empleaba como secretarios a mestizos y criollos. Su esposa, Bartolina Sosa, antiguamente tejedora y lavandera, era asimismo una estratega militar de talento. Dirigió el primer asedio de La Paz, desde el 14 de marzo hasta el 31 de junio de 1781. Fue un hecho que los rebeldes aymaras resintieron las pretensiones sociales del liderazgo quechua del movimiento tupamarista.33

La introducción del sistema de intendencias al Perú en 1784 fue acompañada